Es bien sabido que las ordenanzas municipales en nuestro país y los animales de compañía nunca han resultado buenos compañeros de viaje. Las primeras, siempre en aras de la “convivencia”, palabra mágica que inunda todos los bandos con los que se pretende regular la estancia de estos entrañables seres en lugares públicos, sólo hacen hincapié en prohibir: se prohíben los perros en nuestros raquíticos y pobres parques y jardines, se prohíbe su presencia en las playas, se prohíbe su paso por cualquier paraje natural, sólo les resta el salir atados y, en muchos casos con bozal, por nuestras calles y aceras, hasta que un nuevo bando también lo prohíba y, entonces, más de cinco mil años de convivencia acaben con nuestros fieles compañeros en una jaula, o mejor, en el microondas.

Ésta es la solución que ofrecen cada vez más municipios a lo que ellos, eufemísticamente, llaman “convivencia” entre el animal humano y el animal cánido. Justo todo lo contrario de lo que se hace en países de nuestro entorno: Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Suiza… en los que la convivencia es eso: disfrutar y compartir espacios, juegos, emociones y sentimientos, en ciudades “humanizadas” y “animalizadas”, en definitiva: cívicamente “socializadas”. ¿Para cuándo un bando que prohíba esa otra especie, mucho más perniciosa, de los “especuladores urbanos”?